En Colombia, peligra la reforma agraria ante una contrarreforma liderada por los sectores más retardatarios

Colombia se jugaba en las elecciones presidenciales de 2026 el destino del país en múltiples aspectos, pero especialmente en uno muy central para nuestra historia del conflicto social y armado, y también una de las principales políticas del gobierno del presidente Gustavo Petro: el carácter, alcance y profundidad de la reforma agraria.

Con el candidato Iván Cepeda y el Pacto Histórico se proyectaba la profundización de la reforma agraria, que permitiría transitar hacia un proceso más duradero y consolidado a nivel social, organizativo, jurídico e institucional.

No obstante, el triunfo, cuestionado en su legalidad y legitimidad, del abogado de narcotraficantes, paramilitares y abusadores sexuales, Abelardo de La Espriella - ADLE, ha causado en la práctica el retorno al poder del ejecutivo de los sectores más retardatarios del país en cuanto al proyecto de nación, la perspectiva del campo y la visión  de desarrollo. Dichos sectores están compuestos por lobbies agroindustriales, terratenientes, latifundistas, ganaderos y acumuladores de tierras, todos ellos con historias vinculadas al despojo paramilitar, la acumulación ilegal de tierras y desplazamiento a sangre y fuego de millones de campesinos, indígenas negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros.

Por eso, no es casualidad que Fedegan, en cabeza de su connotado presidente José Félix Lafaurie, haya sido uno de los gremios que con mayor fuerza expresaron en campaña su respaldo al abogado ADLE. Al respecto, cabe anotar que, según recientes versiones entregadas a la Jurisdicción Especial para la Paz por Saúl Severini Caballero,  la presidencia de dicha agremiación fue conquistada gracias a la presión que ejerció en 2004 el grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia en los ganaderos. Así lo confesó ante la JEP:

“Félix Lafaurie, fue elegido por las AUC, yo estuve en el Centro de Convenciones ubicado en la ciudad de Cartagena, para su elección, la orden para los ganaderos era que se tenía que votar por el Sr. José Félix Lafaurie, para la presidencia de FEDEGAN, la orden la dio el señor Salvatore Mancuso (…)[1]”

Los retrocesos comenzaron desde el nombramiento de Indalecio Dangond Baquero como Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, un representante de los sectores terratenientes más retardatarios del departamento del Cesar, miembro de la familia Dangond, que ha tenido un largo historial de vínculos con el paramilitarismo, participación en procesos de despojo y acumulación de tierras, así como beneficiarios ilegales de subsidios que debían ser destinados al campesinado. Como ocurrió durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuando el primo del actual ministro, Silvestre Dangond Lacouture fue beneficiario del programa Agro Ingreso Seguro (AIS)[2].

Desde el primer momento a partir de su posesión, Indalecio Dangond Baquero, ha tomado un conjunto de decisiones que dan muestras claras de su interés y afán por destruir los avances logrados por la reforma agraria y hacer retroceder los derechos conquistados por el campesinado, los pueblos indígenas, negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros. Pretende borrar la memoria institucional, perseguir a los funcionarios y contratistas nombrados y/o que trabajaron durante el gobierno anterior, así como iniciar procesos de despojo contra los sujetos de la reforma agraria que se beneficiaron de procesos de formalización y adjudicación de tierras.  

Partiendo del ministro de agricultura, buena parte de los nombramientos hechos en los cargos directivos del sector de agricultura y desarrollo rural, vienen siendo cada vez más impresentables, como lo demuestra el nombramiento del secretario general del Ministerio a Manuel Alejandro Pretelt Patrón, hijo del el exmagistrado Jorge Pretelt que fue condenado por comprar tierras despojadas por paramilitares[3], así como el nombramiento de  José Leónidas Tobón Torregloza en el Viceministerio de Desarrollo Rural, quien fue miembro del cuerpo directivo de esa cartera durante el escándalo de AIS.

Todo lo anterior busca dar un giro institucional radical hacia lo que Antonio García Nossa denominó "contrarreforma agraria", entendida como un proceso basado en un pacto de clases terratenientes que busca la preservación histórica de la estructura latifundista de la propiedad de la tierra. Mas aún, la experiencia histórica de Colombia demuestra que siempre existe el riesgo del retorno de la aplicación sistemática de la violencia contra la organización social campesina, indígena, negra, afrodescendiente y popular, como aquella que condujo al genocidio político de la Unión Patriótica en los años 80. 

Estos procesos de reforma agraria y posterior contrarreforma agraria, ya se han presentado en la historia de Colombia, con retrocesos lamentables: la repetición de ciclos de violencia fratricida, graves afectaciones a la soberanía alimentaria y al desarrollo de las fuerzas productivas del campo colombiano.

Sucedió a nivel legislativo con la Ley 200 de 1936, de reforma agraria, impulsada por López Pumarejo, y posteriormente con la Ley 100 de 1944, que neutralizó los efectos de dicha ley. Sucedió con la ley 135 de 1961 “Sobre reforma social agraria” y posteriormente con las Leyes 4 y 5 de 1973 que reversaron el anterior proceso.

Ahora ocurre con el marco normativo de la Ley 160 de 1994 que crea el “Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino”, y que, a pesar de su lógica neoliberal, establece una protección jurídica de derechos para el campesinado y la reforma agraria como política de Estado. Aunque durante el gobierno anterior no se avanzó en modificaciones legislativas que hicieran más progresivo el marco legal para la redistribución de tierras, sí se hizo un esfuerzo significativo en materializarla, por lo cual es necesario prepararse para frenar las iniciativas regresivas -de hecho, como de Derecho- que impulsen los sectores latifundistas. 

Si bien la reforma agraria impulsada en el gobierno del presidente Gustavo Petro no alcanzó el carácter de una reforma revolucionaria (ver: https://colectivoabyayala.org/news/de-la-reforma-a-la-revolucion-agraria-un-balance-en-clave-de/), sí retomó el sentido del Estado Social de Derecho que exige el carácter progresivo de los derechos, no su desmonte. Además, logró avances significativos para el campesinado como su reconocimiento expreso de sujeto de especial protección constitucional mediante el Acto Legislativo 01 de 2023 que modificó el artículo 64 de la Constitución Política, garantizando su acceso progresivo a la tierra, la protección de sus derechos territoriales y el mejoramiento de sus condiciones de vida. Ahora, el nocivo liderazgo del nuevo ministro de agricultura pretende desconocer, de manera abiertamente inconstitucional, estas conquistas históricas y, sin la menor verguenza, prohibir el uso de la categoría “campesino”.

Frente a esta contrarreforma en ciernes, es necesaria la defensa de los avances históricos de la reforma agraria y la afirmación de los derechos a la tierra y al territorio por parte del campesinado y de los pueblos indígenas, negro, afrocolombiano, raizal y palenquero.

El carácter retardatario de quienes hoy dirigen la institucionalidad agraria amenaza con el desmonte de la reforma agraria y pretende afectar los derechos tanto de sus beneficiarios como de trabajadores y trabajadoras del sector de agricultura y desarrollo rural. Frente a dicha arremetida, no queda más que una respuesta contundente, organizada y cualificada, que recoja las lecciones aprendidas durante el primer gobierno popular de Colombia.